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El proyecto de ley que presentó el Frente Amplio en el Parlamento, y que aprobó la Cámara Alta el pasado 12 de abril, está destinado a dejar sin efecto tres artículos de la Ley de Caducidad.
Esta es una normativa que tiene 25 años, que refiere a un tema complejo, que genera posiciones encontradas en la sociedad y que si bien es algo difícil, debemos abordarlo con valentía y responsabilidad.
Existen muchas cosas que son indiscutibles y en ese sentido puede establecerse que la democracia, los parlamentos y las asambleas, por ejemplo, sirven para decidir muchas cosas, pero existen otras que no pueden resolverse en estos ámbitos mencionados, sencillamente porque se trata de verdades naturales, como es en este caso el tan preciado valor de la vida. El artículo 1 de la Ley de Caducidad señala que esta normativa se sancionaba “a efectos de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional”. Por lo tanto, esta ley es temporal, concebida para ese momento determinado y producto de las circunstancias que había cuando se sancionó antaño en el Parlamento Nacional.
Este argumento era válido en que la transición estaba Por lo tanto es imprescindible cuestionarse si hoy es válida una ley que andar del tiempo llevó a que organismos internacionales nos estén con el dedo porque no respetamos aspectos básicos de los derechos humanos.
Creemos que debemos ser flexibles estas cosas. Hoy tenemos otro país, afortunadamente también otras Fuerzas Armadas, otro sistema político que absolutamente consolidado jóvenes.
Quizás por eso llama la atención en las manifestaciones públicas se realizan en torno a estos concurran activamente que no fueron actores de los acaecidos en aquellos años en muchos casos ni siquiera nacidos.
La pregunta es entonces ¿por están tan interesados en esos hechos? Seguramente piensan en el futuro las antiguas generaciones, con sus discusiones, en el pasado.
Hubo instancias de manifestación del pueblo; es cierto que el pueblo no anuló
la ley, pero tampoco la ratificó, porque no fue convocado para ello. En realidad, la ley se sancionó en el Parlamento y quienes en su momento apelaron a ese mecanismo, no pueden renegar hoy de ese ámbito para discutirla y transformarla.
Distinta es la actitud de quienes trabajaron sin descanso juntando firmas para
tratar de que el pueblo la anulara y no lo pudieron lograr. Pero nunca se convocó a la población a ratificar la ley, por lo que no se puede decir que el resultado de no haberla anulado es lo mismo que ratificarla.
Eso es un sofisma. Desde el punto de vista jurídico no es lo mismo, no es aceptable.
Lo más conveniente para Uruguay es reestablecer la Justicia, brindar las condiciones para que ésta actúe con el debido proceso y con todas las garantías que el trámite judicial requiere. Es un acto de independencia del Poder Legislativo, de consolidación democrática, de defensa de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para que no tengan que cargar con ningún propuesto por el Frente Amplio.
(Fragmento de: Participando abril de 2011)
